INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA ~ Redes

Fue publicado el Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de 2025. En el caso de Argentina advierte un retroceso profundo en los derechos humanos.

ARGENTINA

Seguía habiendo barreras para acceder al aborto. Persistían los elevados índices de femicidio y violencia de género y se recortaron los servicios de apoyo. Las periodistas sufrían violencia digital. Se promulgó legislación que legalizó la vigilancia masiva. Aumentó la represión en la respuesta a las manifestaciones públicas. Se agravó la pobreza y el gobierno impuso medidas severas de austeridad que afectaban especialmente a las personas de edad avanzada. El gobierno retrocedió en la lucha contra el cambio climático, con medidas como presentar legislación que autorizaba la deforestación y la actividad minera en las zonas periglaciales del país.

INFORMACIÓN GENERAL

Argentina seguía inmersa en una crisis económica y social profunda. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 52,9% de la población vivía en situación de pobreza en junio. El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó preocupación por el cierre y deterioro de las instituciones, la reducción del alcance de las políticas públicas y la disminución drástica del presupuesto asignado para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, especialmente los recortes de la inversión en salud y educación. El Congreso llevaba desde 2009 sin designar una persona titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El ejecutivo propuso sólo candidaturas masculinas para dos vacantes en la Corte Suprema, integrada exclusivamente por hombres. Seguía pendiente de aprobación una propuesta para reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 13 años. Argentina rechazó la Agenda 2030. Además, fue el único país en disociarse del Pacto para el Futuro y en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU concebida para prevenir la violencia digital contra las mujeres y las niñas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Según el Ministerio de Salud, 245.015 personas habían accedido a servicios de aborto sin riesgos en el sistema público de salud desde 2021, cuando se legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, hasta octubre de 2023. Las muertes relacionadas con el aborto habían disminuido un 53% entre 2020 y 2022. No obstante, en enero, el presidente Javier Milei hizo referencia a lo que denominaba "la agenda sangrienta del aborto", junto con otra información falsa y retórica estigmatizadora. Pese a que la ley sobre el aborto continuó vigente (aun con intentos parlamentarios de derogarla), la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva anunció en septiembre que había escasez de suministros básicos necesarios para los servicios de aborto

Según la información publicada en 2024, en 2022 se habían producido cinco alumbramientos de niñas menores de 20 años cada hora en el país. Pese a ello, el gobierno anuló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, que había logrado reducir la tasa de embarazo adolescente en un 49% en los cuatro años anteriores. El Ministerio de Salud lo desmanteló reduciendo el presupuesto un 68% en términos reales, con lo que se puso fin al contrato de 619 especialistas y se redujo la compra de insumos

VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO

Se registró un femicidio cada 33 horas. Con todo, el recorte de los recursos para las políticas relacionadas con la violencia de género fue alarmante. El personal de el 14 "el 144" , la línea telefónica de emergencia para casos de violencia de género, se redujo un 42%, y el alcance del programa Acompañar, cuyo objetivo era reforzar la independencia económica de las personas que sufrían violencia de género, disminuyó un 98,63% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023

En junio, el sistema de justicia brasileño declaró al actor Juan Darthés culpable de haber violado a la actriz argentina Thelma Fardín cuando ésta tenía 16 años. Juan Darthés tenía doble nacionalidad, brasileña y argentina, y se había trasladado a Brasil después de que Thelma Fardín lo acusara en 2018. Brasil no extraditaba a sus nacionales. En mayo, tres mujeres lesbianas murieron después de que un hombre arrojara un cóctel molotov en la habitación en la que dormían.

En agosto, un hombre fue declarado culpable del asesinato del joven transgénero Tehuel de la Torre, que había desaparecido el 11 de marzo de 2021. El tribunal concluyó que el delito era agravado porque había sido motivado por odio en razón de la identidad de género, lo que constituyó la primera decisión del sistema de justicia argentino en la que se reconocían actos de violencia de género extrema cometidos contra hombres transgénero. Pierina Nochetti, activista de los derechos humanos y lesbiana, se enfrentaba a cargos penales que comportaban una pena máxima de hasta cuatro años de prisión por pintar presuntamente un grafiti de protesta por la desaparición de Tehuel de la Torre. Fue absuelta en octubre.1

En abril, el influencer Emmanuel Danann fue condenado a realizar servicios comunitarios y participar en un taller de prevención de la violencia de género y se le prohibió nombrar a la periodista Marina Abiuso, tras el hostigamiento sistemático por motivos de género al que la había sometido en Internet.

Durante los cinco años anteriores, el 63,5% de las periodistas de Argentina habían sido objeto de violencia digital. De ellas, el 85,6% señalaban que habían sido hostigadas o troleadas, y el 45,9%, que habían sido acosadas sexualmente o amenazadas de violencia sexual. A consecuencia de ello, el 50% de estas periodistas se autocensuraban y el 34,5% había optado por retirarse de alguna plataforma digital, según aûrmaban.2

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y VIGILANCIA MASIVA

Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei en 2023, aproximadamente 30 periodistas habían sufrido actos de hostigamiento y violencia cometidos en las redes sociales y en los medios de comunicación por el presidente y otros altos cargos.3

Las resoluciones 428/2024 y 710/2024, publicadas por el Ministerio de Seguridad, permitían la vigilancia masiva mediante el seguimiento de las redes sociales, las aplicaciones digitales e Internet, así como el reconocimiento facial y los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para analizar los "datos históricos de crímenes y [...] predecir futuros delitos"

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

Tras la aprobación en diciembre de 2023 de una normativa restrictiva sobre el derecho a la protesta, las autoridades incrementaron el grado de represión en su respuesta a las manifestaciones públicas. El 1 de febrero, durante una protesta pacífica contra un proyecto de ley que proponía medidas de austeridad, Matías Aufieri perdió la visión del ojo izquierdo por el impacto de una bala de goma disparada por la policía.

El 12 de junio, 33 personas fueron detenidas de forma arbitraria y acusadas durante las protestas que tuvieron lugar contra una nueva versión de la ley antedicha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las declaraciones de las autoridades que estigmatizaban y criminalizaban a las personas que se habían manifestado, y que las calificaban de “terroristas” con presuntos planes de dar un Golpe de Estado .

IMPUNIDAD

El gobierno ordenó el cierre de la Unidad Especial de Investigación dedicada a la localización de niños y niñas arrebatados a sus familias y sometidos a desaparición forzada durante el régimen militar de 1976- 1983.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Argentina responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede del centro Asociación Mutual Israelita Argentina, así como de no haber cumplido con el deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida diligencia y de violar el derecho a la verdad histórica.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La aplicación de las medidas de austeridad afectó de forma desproporcionada a los niños y niñas y las personas de edad avanzada.

El INDEC informó de que 15,7 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza en el primer semestre de 2024, lo que suponía un incremento de 11,2 puntos porcentuales con respecto a finales de 2023. UNICEF denunció que, en abril, más de un millón de menores de edad se acostaban sin haber cenado.

La pérdida del poder adquisitivo de las pensiones fue uno de los principales elementos del ajuste fiscal llevado a cabo por el gobierno. En 2024, la pensión mínima no cubría el costo de la vida, lo que afectaba al derecho de la población a gozar de un nivel de vida adecuado. Pese a la decisión adoptada por el Congreso de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones, el presidente vetó la modificación, lo que iba en menoscabo de los derechos económicos y sociales de las personas de edad avanzada.

La población general de Argentina sufría la austeridad económica, mientras que el sistema local favorecía una estructura tributaria regresiva que agravaba la desigualdad. El gobierno justificó la austeridad y los recortes presupuestarios como medidas necesarias para lograr el equilibrio fiscal, al tiempo que reducía la progresividad tributaria e incrementaba las exenciones fiscales de las grandes empresas

DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE

Continuó la preocupación por la postura del gobierno sobre el cambio climático. El presidente declaró que “el calentamiento global e[ra] una mentira del socialismo" y anunció que iba a cancelar los compromisos asumidos por Argentina con respecto a la Agenda 2030, que incluía objetivos para limitar el cambio climático. Climate Action Tracker calificó como “sumamente insuficientes” los objetivos y políticas climáticos de Argentina, lo que significaba que no eran en absoluto compatibles con el límite de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París sobre el aumento de la temperatura media mundial.

El gobierno también presentó legislación regresiva que autorizaba la deforestación en zonas que estaban protegidas y ampliaba la autorización de la actividad minera a la zona periglacial del país. Estas reformas no se habían aprobado al acabar el año.